La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, llamó a no paralizar la labor del Congreso de la Unión.

“La labor del Congreso no se debe paralizar. La agenda legislativa en beneficio del pueblo mexicano, debe seguir siendo nuestra prioridad. Debemos seguir encontrando coincidencias para sacar adelante las reformas que el país quiere, tal y como lo hicimos durante este año, al lograr que 80% de las votaciones fueran unánimes”.

A 13 días de dejar el cargo, Sánchez Cordero presentó su informe final de actividades legislativas al frente del Senado en presencia de gobernadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados electorales, secretarios de Estado y distintos servidores públicos.

En su alocución, urgió a los grupos parlamentarios representados en la Cámara alta a encontrar coincidencias para concretar las reformas legales que requiere el país.

Se dijo convencida de que el Parlamento es para dialogar; “para debatir todas las inquietudes de la República. En el Parlamento debe garantizarse que siempre esté representada la diversidad social, política y cultural de una nación. Negar esta realidad, implica cerrar las instituciones al pueblo y cuando eso sucede la sociedad inevitablemente las cimbra.

Colaboración por democracia

A decir de la ministra en retiro, la salud de la democracia mexicana depende, en gran medida, de la intensa, benéfica y respetuosa relación entre los poderes públicos.

“Debemos apostar por la colaboración entre poderes y las instituciones del Estado mexicano”.

La función primigenia y más destacada de un Parlamento, explicó, siempre será la legislativa, y que como presidenta de la Mesa Directiva dirigió los debates en dos periodos clave, en los que fueron aprobados “importantes productos legislativos de la mayor trascendencia para el país”.

Entre otros, relató, la creación de un banco de datos genéticos, que permitirá agilizar la búsqueda de las personas desaparecidas; los cambios legales necesarios para mejorar la coordinación y profesionalización de las instituciones policiales y de procuración de justicia; reformas para combatir el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes; y las reglas para la aplicación de la prisión preventiva.