El Economista

Prevé PJF poner límites a la prisión preventiva

Jorge Monroy jorge.monroy@eleconomista.mx

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) iniciará un proceso para lograr que exista un protocolo para jueces, a fin de que tengan claridad sobre en qué asuntos pueden o no dictar la prisión preventiva justificada.

En conferencia de prensa, el ministro anunció cinco medidas que adoptó a raíz de la visita que realizó la semana pasada al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, donde se reunió con mujeres que denunciaron diversas inconsistencias en sus procesos penales.

Indicó que de los 550 asuntos que le entregaron las mujeres recluidas en dicho penal, 200 serán atraídos por el Instituto de Defensoría Pública Federal, por ser casos en los que las mujeres no cuentan con una defensa, o ésta es inadecuada.

Como segunda medida, derivado de un criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar anunció que en todos los asuntos atendidos por el Instituto de Defensoría Pública Federal se promoverá una revisión de la prisión preventiva de quienes tengan más de dos años en la cárcel.

La tercera medida, dijo, es que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitirá un acuerdo para concentrar, en dos o tres juzgados de distrito, los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada.

“Con la idea de que se puedan establecer las reglas, los lineamientos que no son claros en la ley de qué elementos deben tomar las y los jueces para decretar esta medida”, explicó.

Como cuarta medida, dijo que el Instituto de Defensoría Pública Federal “ha dado resultados extraordinarios. Hemos generado cambios de paradigma en muchos temas”, por lo que se fortalecerá el litigio estratégico de las y los abogados públicos federales.

Indicó que la quinta medida es un programa piloto en Oaxaca y Chiapas para determinar la situación de las personas indígenas en procesos locales y, de ser viable, suscribirá un convenio con los gobernadores, similar al que suscribió con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Como pueden ustedes darse cuenta, la visita a Santa Martha no fue para la foto. Fue una visita que tomé con una enorme responsabilidad, y a siete días estamos anunciando medidas y daremos resultados. Reitero mi compromiso con las mujeres de Santa Acatitla, y con todas las personas vulnerables de México, sobre todo con las más pobres, marginadas y olvidadas, y reitero mi compromiso con todas las mujeres de México. Estas medidas darán resultado”, afirmó.

Caso de Rosario Robles

Por otro lado, el ministro aclaró que las medidas para revisar la prisión preventiva no están encaminadas al caso de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, presa desde hace más de dos años ende Santa Martha Acatitla. Destacó que la exfuncionaria cuenta con una defensoría particular, y conforme a su estrategia legal, pueden promover o no —en los juzgados y tribunales— la revisión a la prisión preventiva que la mantiene en prisión.

Política Y Sociedad

es-mx

2022-05-19T07:00:00.0000000Z

2022-05-19T07:00:00.0000000Z

https://digital.eleconomista.com.mx/article/282102050280718

El Economista