Contrario a las cifras que el gobierno de Andrés Manuel López presume sobre la menor inseguridad en México, el sector empresarial observa a la delincuencia, extorsión y feminicidio como el principal factor que obstaculiza el crecimiento económico y con tendencia al alza en plena pandemia por el Covid-19.

“La inseguridad pública está en una prolongada crisis, entre otras, y las acciones oficiales para enfrentarla no conforman una estrategia de medidas con resultados comprobables”, sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Tan sólo del periodo enero-agosto del 2018 al mismo lapso del presente año, el delito de fraude aumentó 40.3%, el de extorsión 30.5% y despojo 27.6 porciento.

El discurso oficial señala avances mediante comparaciones “sesgadas por la menor movilidad que implica la pandemia”, tal es el caso de secuestro que bajó 46.6%; robo de vehículo automotor, menor en 40%; y el robo de ganado y en transporte público colectivo, en 37 por ciento.

Aun así, refiere el CEESP, el total de delitos tuvo un aumento que incluyó a varios graves: robo de maquinaria creció 157.1%; a transeúnte tuvo un alza de 89.5%; y los delitos contra la libertad y la seguridad sexual aumentaron 62.3 por ciento.