En el tiempo que lleva en el cargo, el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O., ha hablado poco, pero ha sido claro y preciso. El punto central de su diagnóstico es que México sufre una gran desigualdad desde hace décadas.

Y ha dicho que combatirla es el objetivo prioritario del gobierno lópezobradorista.

El responsable de las finanzas públicas ha trazado la ruta para remediarlo, en tres puntos básicos:

1.- Fortalecer el poder adquisitivo de la ciudadanía, sobre todo la población con menores recursos; 2.- Incrementar la conectividad física entre las regiones rezagadas y; 3.- Separar los intereses privados de los intereses del gobierno. La base indispensable para lograr el objetivo -ha subrayado- es la estabilidad macroeconómica y social y la disciplina fiscal.

Por eso se ha enfocado en el aumento de la recaudación mediante eficiencia y combate a la evasión y no a través de incrementar las tasas de impuestos. Tiene razón Ramírez de la O. cuando afirma que México es respetado a nivel internacional por tener una posición fiscal y fundamentos económicos sólidos.

Aunque también hay que decir que esa es una medalla que tuvieron y mantuvieron los gobiernos neoliberales previos, incluso hasta con ventaja respecto del actual.

Hay mucho que criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay un tema en el en que no se puede negar que ha tenido tino y éxito: cobrarle impuestos a los ricos.

Lo ha venido haciendo al eliminar la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes y al obligar a un número importante -y creciente- de éstos a que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.

Lo que ahora parece más claro es que el gobierno profundizará en su intención de romper con el consenso neoliberal, en materia fiscal. El camino que seguirá para abatir la desigualdad, es el fiscal.

Los sólidos cimientos de la nueva carretera son el cambio a la ley que convierte en grave el delito de defraudación fiscal y considera como delincuencia organizada a quienes se organizan criminalmente para evadir al fisco Este gobierno está cobrando más impuestos a los más ricos. La jefa del SAT, Raquel Buenrostro ya lo venía haciendo, pero ahora con la llegada del nuevo secretario de Hacienda, cerrará la pinza.

Es pública y conocida la excelente relación que mantienen Ramírez de la O. y Buenrostro. A diferencia de lo que ocurría en la relación de Herrera con ésta última.

La medalla más valiosa que ha obtenido la jefa del SAT es la de haber logrado aumentar, de manera extraordinaria, la recaudación fiscal en medio de la recesión económica más cruda de la historia.

Buenrostro logró su hazaña en virtud de los cambios a la ley y a la coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación que encabeza Carlos Romero y la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto.

Vino una intensa campaña contra las factureras, se realiza otra en contra del huachicol fiscal -aquellos que cometen irregularidades en la importación de gasolina y diésel- y se lanzó el régimen de confianza que representa una zanahoria para las pymes y personas físicas y palo para las grandes empresas. Los vientos contrarios al consenso neoliberal soplan en contra, en el plano internacional. Se observa un paulatino pero constante rompimiento del criterio que sostiene que si se les cobra menos a los ricos destinarán más a la producción y detonarán crecimiento y empleos. Hay que decir que en EU, el presidente Joe Biden pidió recientemente al Congreso aprobar un alza de impuestos para los más ricos.

Allá se está registrando el péndulo fiscal. Se busca echar atrás los recortes fiscales impulsados por Donald Trump.

En el mundo se observa una tendencia a cobrar a las grandes empresas multinacionales. Esta propuesta ya avanzó y en su momento Arturo Herrera en representación de México la impulsó.

En ese sentido parece correcta la política recaudatoria gubernamental. Lo que parece no encajar es el destino de los mayores recursos: las obras insignia y los programas sociales. Ahí está el detalle como diría el gran cómico mexicano.