Si el presidente López Obrador hubiera presentado su reforma constitucional en materia eléctrica hace dos años, quizás hubiera sido creíble que su principal objetivo fuera mejorar la operación del sistema eléctrico nacional. Hoy ya no lo es. La reforma constitucional que se espera sea presentada esta semana, como el propio presidente ha explicado, es una simple escalada procesal. “Yo tenía pensado inicialmente sólo reformar la ley para corregir esa situación, pero llegué a la conclusión después de ese amparo de que necesitamos una reforma constitucional”, reconoció apenas en julio.

Esto se ha intentado disfrazar con un poco de historia, soberanía y grandilocuencia. La semana pasada, un legislador de Morena afirmó que la reforma retoma el legado histórico del presidente López Mateos y le garantizará a la CFE (típicamente el generador más caro y sucio del sistema) el 54% de la generación de electricidad. Al mismo tiempo, el legislador asegura que la reforma bajará los costos y promoverá la generación renovable. Haciendo a un lado la veracidad, quizás serían buenos mensajes políticos antes de la saga de la Ley de la Industria Eléctrica. Pero, después de la confesión presidencial, ¿se puede negar que su reforma no es más que una reforma anti-amparos?

Que el gobierno ya juzgue imposible que su política eléctrica actual vaya a sobrevivir a las cortes es de lo más revelador. Contrario al discurso que promueven, el juicio de amparo no es exactamente un examen impasable, que exija al gobierno acreditar la idoneidad de sus propuestas o la veracidad de todas las promesas. Para poder darle la razón, los tribunales no le han demandado a la Secretaría de Energía que demuestre que los costos de generación o las emisiones contaminantes van a bajar gracias a sus políticas. Le han pedido algo básico: que demuestre que sus políticas y reformas no violan los derechos constitucionales, como lo son la libre concurrencia/competencia y el derecho de la población a un medio ambiente sano. En dos años de litigios, eso es lo que no han podido acreditar.

Ni las mayorías calificadas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, respaldadas por una subsecuente mayoría simple en más del 50% de los congresos de los Estados mexicanos, pueden cambiar la realidad. Si el cálculo político de ‘voltear’ a algunos miembros de la oposición le sale al presidente, lo que lograrían es reformar la Constitución. Pero eso no suspende ni las leyes de la física (que gobiernan las emisiones) ni las ‘leyes’ económicas (que establecen que usar insumos y tecnologías con mayor costo no puede reducir los costos). A menos que de plano opten por desistirse de sus preferencias declaradas de política energética, no dejarían de violar los principios de libre competencia ni los de protección del medio ambiente. Lo único que habrían logrado es crear un injustificable e impopular régimen de excepción para la Comisión Federal de Electricidad.

¿Podría la Constitución brindarle a la CFE un derecho diferenciado en detrimento de al menos dos garantías constitucionales del resto de todos los mexicanos –una de ellas, por cierto, íntimamente ligada ni más ni menos que con la salud pública? Esto parece la receta para una crisis constitucional. Pero, aún sin llegar hasta allá, es un terrible balance aritmético (si no es que democrático). Si se llegara a aprobar, sería un doloroso desliz para un país que parecía haber entendido que los cambios constitucionales deben ampliar y fortalecer los derechos de todos los mexicanos. No los de los funcionarios a costa de los mexicanos.