Durante la pandemia de Covid-19 en México el delito de tortura cometida por agentes del Estado se agudizó, mientras que la impunidad se mantuvo como una constante, alertaron la Organización Mundial Contra la Tortura y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

“La pandemia forzó a múltiples instituciones a paralizar sus funciones y/o a limitar el trabajo a las acciones consideradas esenciales, lo que ha significado que muchos procesos jurídicos y de apoyo se hayan visto suspendidos, sin tener claridad de cuándo puedan ser retomados, retrasando todavía más procesos ya largos e ineficientes de acceso a medidas de protección, justicia y reparación”, indicaron la ONG.

Mediante el informe “México: La Tortura y la Impunidad se agudizan en tiempos de la pandemia”, las organizaciones de la sociedad civil expusieron que durante los primeros 18 meses de la actual administración, la Fiscalía General de la República ha recibido 522 denuncias por casos de tortura atribuibles a agentes del Estado, las cuales se sumaron a las 1,259 que había con anterioridad, no obstante de ellas, sólo tres casos avanzaron a un juez y en un sólo se obtuvo una sentencia.

Mientras que a nivel local, se expuso en el documento, en 2018 se iniciaron casi 4.000 investigaciones, pero en apenas dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.

“Estas cifras se enmarcan en un contexto de profundización de la militarización en el país. El 11 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, cuya vigencia se extiende hasta el 27 de marzo de 2024.

“Asimismo, la Guardia Nacional (GN) sigue siendo un cuerpo de seguridad militarizado, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con dirección y composición militar, contraviniendo las propias observaciones del CAT (Comité Contra la Tortura de la ONU por su sigla en inglés)”, se refirió en el documento.

Otras de las situaciones que alertó el reporte de la organizaciones fue el abuso de las autoridades para implementar medidas para contener la epidemia.

“Se observó un recrudecimiento de la represión y el actuar abusivo de fuerzas de seguridad en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc.), así como en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país.

“En múltiples incidentes se registró que las personas manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura (incluida tortura sexual) y otros malos tratos”, se refirió.

Prisioneros

A su vez, el informe tocó el tema de las cárceles en el país sobre las cuales indicó que la población penitenciaria aumentó durante el 2020 en más de 14,000 personas “debido al uso abusivo de la prisión preventiva”.

“También preocupa la falta de información pública sobre el número real de contagios y muertes a causa de la Covid-19, los protocolos y medidas de higiene, prevención y atención adoptadas, así como la opacidad en la que se han cerrado en el último año varios centros penitenciarios y la situación de Centros de Reinserción Privados”, indicó.

En general, el informe de las ONG recomendó “adoptar, aprobar y publicar”, sin demora el Programa Nacional para la Prevención y Sanción de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Aunado a “tomar medidas para el reconocimiento, la protección, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de tortura”; que las fiscalías especializadas “elaboren planes integrales de persecución penal de la tortura” que permitan avanzar en la colección de pruebas, investigación y judicialización de los casos pendientes”.

Así como garantizar “la vida y la salud de todas las personas en el contexto de la emergen- cia sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19”.

En los primeros 18 meses de AMLO fueron presentadas 522 querellas por presuntos actos de tortura atribuibles a agentes del Estado mexicano.