La Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar, por desacatar una orden judicial de abastecer de medicamentos oncológicos, al secretario de Salud, Jorge Alcocer, al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera; así como a la oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas.

El Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, interponer una denuncia contra dichos funcionarios porque desacataron su mandamiento para que surtieran 37 claves de medicamentos oncológicos pediátricos en hospitales públicos entre 2020 y 2021.

“Procede hacer la denuncia correspondiente en contra del secretario de Salud, del secretario de Hacienda y Crédito Público y del oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, para que proceda a observar lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como lo previsto en el precepto 262, fracción III de la Ley de Amparo”, determinó Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en su resolución del pasado 16 de julio.

El procedimiento administrativo fue iniciado por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, A.C, que se dedica a la lucha contra el cáncer en la niñez, por medio de la difusión y capacitación.

La denuncia fue interpuesta el mismo día de la resolución judicial del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, por lo que la FGR deberá iniciar de inmediato la carpeta de investigación.

Rosalva Zavala Arredondo, exjuez Primero Menor Civil en Irapuato, Guanajuato, en su libro La inejecución de sentencias, dictadas por autoridad judicial, y federal, debido a la falta de medida apremio idóneo, sostiene que la figura del desacato es “inofensiva”, dado que se puede pagar una multa para subsanar la causa, y la cual resulta ser de una cantidad simbólica, “implica una burla”, menciona.

Además, refiere que el desacato por un mandato judicial sólo procede si no se agotaron y ejecutaron los medios coercitivos reseñados.

“Aunado a que conlleva tiempo iniciar la averiguación previa, consignar al juez competente y agotar las etapas procesales referentes a un proceso penal”, se refiere en el libro.